Los recursos humanos son una preocupación en todo el sistema: por disponibilidad y porque hay contagios. Fuente: LA NACION
Gabriela Origlia
CORDOBA.- Hay lugares, en especial en el interior del país, donde el sistema de salud está colapsado por la pandemiao muy complicado. Las clínicas y sanatorios privados trabajan a la par de los hospitales públicos, pero es un sector que arrastra años de crisis y que, en los últimos cuatro, registró cerca de un centenar de cierres, según datos de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim).
Antes del Covid-19, en la Argentina había 26.985 establecimientos asistenciales y 220.910 camas disponibles. En América Latina, con cinco camas cada 1000 habitantes, es el país con mayor cantidad de camas disponibles, pero la clave es la distribución, que no es equilibrada entre regiones.
Desde la última etapa de la gestión de Cambiemos hay algunos beneficios fiscales que para sector privado (rebaja del impuesto al cheque y de las contribuciones patronales), a las que este año se sumaron los ATP. «Nos estamos convirtiendo en un sector subsidiado -grafica Jorge Cherro, presidente de Adecra-Cedim-. Los costos suben y los beneficios son transitorios, la situación es muy frágil. Hay que repensar el sistema sanitario, buscar una solución de fondo». Las nuevas restricciones al dólar complican más, porque la tecnología es importada en su mayor parte.
Agrega que la situación del sector era muy compleja antes de la pandemia: «El problema no es sólo que hay menos camas disponibles por los cierres, sino que la calidad también empeoró porque las inversiones se recortaron. A eso hay que sumarle lo más grave: la escasez de recursos humanos que se están enfermando. En este contexto, desde hace tiempo con la reducción de los efectores privados, el sector público está sobredemandado -sostiene Cherro-. Los costos suben de manera permanente y los beneficios son transitorios; la situación es muy frágil, todos son parches».
José Sánchez Rivas, presidente de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa) admite que hoy los más golpeados están en Mendoza, Corrientes, Chaco, Jujuy, Río Negro, Santa Fe, San Juan, Salta, Tucumán y Córdoba, pero aclara que «la realidad es tan dinámica, que la variación es constante, casi diaria».
Comparte que el Covid-19 «vino a profundizar los problemas ya existentes. Son sistemáticos nuestros reclamos para obtener beneficios tributarios que alivien la carga en ese sentido, plazos de pago y aranceles acordes con el alto costo de la prestación, y un sistema de verificación científica de la tecnología y los medicamentos de alto costo a fin de reducir el impacto de este ítem dentro de lo que es el Programa Médico Obligatorio (PMO)».
Cherro describe que en la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del Gran Buenos Aires «se le está dando respuesta a la demanda, pero cuando se va migrando hacia el interior hay más problemas». Repasa que desde hace más de una década el sector le plantea a las autoridades que la falta de financiamiento, una inflación anual alta y las devaluaciones hacen que las necesarias inversiones en tecnología se resienten. A eso le agrega que el PMO «constantemente incorpora prestaciones sin financiamiento; todo eso hace presión sobre el sistema».
Un trabajo de los economistas Marcelo Capello, María Laura Caullo y Azul Chincarini del Ieral sobre la base a datos del Ministerio de Salud indica que Buenos Aires, Caba, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos disponen de tres cuartos del total de las camas existentes, unas 162.781. El Noroeste (Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y La Rioja) y el Noreste (Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa) sólo agrupan 10% y 7% del total. En Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan) y el sur (La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego) está el otro 10% repartido en partes iguales.
Clínicas y sanatorios vienen con años de crisis. Fuente: LA NACION
Ese informe -con números pre pandemia- señala que las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), representaban 5% del total (unas 10.000), 1,9 da 10.000 habitantes. El Gobierno desde fines de marzo hasta el mes pasado se hizo de 3650 respiradores que distribuyó en centros públicos. El gasto total en salud, cuando irrumpió el Covid-19, representaba 9,4% del PBI, 2,7% correspondía al gasto público; 3,9%, al de la Seguridad Social (incluyendo Pami) y el restante 2,8% al privado.
Costos y prestaciones
Un punto que preocupa a los prestadores privados es que, por las características de la pandemia, los costos para cumplir los protocolos aumentaron, a la vez que debieron suspender cirugías programadas y consultorios extendidos para tener la infraestructura disponible para pacientes Covid-19. Según Adecra, las prestaciones generales registraron caídas interanuales del 43% promedio en julio.
Mario Hornik, presidente de la Cámara Empresarial de la Salud de Córdoba (Caescor), dice que se vive «una situación límite que no es nueva. Llevamos años y años de desfinanciamiento, cargas impositivas imposibles de seguir sosteniendo y el Covid-19 es la frutilla del postre. No se pueden inventar camas donde no están, colaboramos en todo lo posible. La base de la estructura son los médicos y son un recurso escaso; las clínicas estamos esperando el ATP para pagarles. Esa es la verdad».
Carlos Pesa, expresidente de la Asociación de Clínicas de Tucumán, directivo de Adecra y conocedor del sistema sanitario en el norte del país, apunta que aunque el interior está «más acostumbrados que Caba» a las crisis crónicas de la Argentina por la diferencia de recursos humanos y técnicos disponibles esa diferencia «se fue morigerando no por mejoras nuestras sino por desmejora del área central». Señala que en la región las últimas caídas de clínicas y sanatorios fue a inicios del 2000, «después no hubo desaparición, pero la crisis impacta por la desactualización de los ingresos respecto de los costos. El permanente aumento de la demanda asistencial -que no es lo ideal desde lo sanitario- es lo que permitió sobrevida».
Desde la Asociación de Clínica, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (Aclisa), su titular Juan Grass explica que los problemas de los prestadores privados se profundizan porque la pandemia altera el funcionamiento normal que es de donde proviene su financiamiento: «No tenemos una partida asignada, tampoco hubo ayuda de la Seguridad Social. Las instituciones más chicas hace años que vienen cerrando. El secreto de la salud en cómo se financia, nunca es gratis y hay que pensar que la salud pública es de todos, no sólo de los que no tienen cobertura porque al hospital lo sostenemos entre todos», lamenta.
En todo el país hay preocupación de los prestadores por la disponibilidad y condiciones de los recursos humanos. «Los terapistas están agotados; los privados además tenemos la competencia del Estado por los recursos calificados, puede ofrecer más que nosotros», enfatiza Grass y advierte que la crisis en la «capacidad privada sanatorial es tan larga y sin respuesta que uno de los padecimientos es el envejecimiento de la tecnología; cómo meterse en este escenario en una deuda en dólares».
«Se viene trabajando con los distintos gobiernos durante estos 18 años de emergencia sectorial, agravada con las circunstancias actuales», indica Sánchez Rivas y agrega que «algunas cuestiones de funcionamiento» que se lograron se «prolongaron en el tiempo, aunque falta el verdadero trabajo de fondo, sostenible hacia un sistema más equitativo, accesible y que se fortalezca la calidad y seguridad en todo el sistema de atención».
Una proyección que comparten las fuentes consultadas por LA NACION es que, terminada la pandemia, habrá sobredemanda y, además, más especializada y costosa fruto de las postergaciones de atención existente.
Por: Gabriela Origlia