Peligran los puestos de trabajo y las prestaciones
Según un estudio realizado por las clínicas privadas de la Argentina, el 57% de la población tiene obra social y un 5% prepaga, mientras que el 38% restante se atiende en hospitales públicos. Esto quiere decir que cerca de 25 millones de personas utilizan los servicios de salud privada contra unos 15 millones sin cobertura. Pero a pesar de que los datos oficiales ilustren la importancia del sector privado en la salud, quienes trabajan allí denuncian un abandono del Estado tan grande que pone en riesgo los puestos de trabajo, las prestaciones sanitarias y su calidad, y hasta la supervivencia de las clínicas.
El rubro es el quinto en el país con respecto a las fuentes laborales. Los privados emplean a más de 500 mil personas. Pero además beneficia a muchos sectores satélites que se benefician con el sistema de salud como los laboratorios, farmacias, producción de insumos, logística y distribución, entre otros.
Los damnificados apuntan principalmente al PAMI, a cargo de Carlos Regazzoni, que sigue realizando descuentos que en algunas clínicas llegan al 50% de la facturación, es decir, les gira la mitad de los fondos necesarios para cubrir la atención de los pacientes. Aún no pagaron lo retenido como habían prometido y esto llevó a que en el último mes muchas clínicas tuvieran que pagar el 50% de los sueldos y otras comenzaran planificar concurso preventivo de acreedores.
Pero la situación recrudece con las clínicas que dependen 100% de los fondos del PAMI. En estos casos, no pagan sueldos de su personal ni de médicos contratados y solo funcionan con atención de guardia. Las que dependen en un menor porcentaje, no pagan cargas sociales y dividen el pago de sueldos en cuotas.
Y en diciembre el panorama no mejora: deberán afrontar la última cuota de paritarias (11% y otro 4% en enero), el «supuesto» bono de fin de año y el aguinaldo. A esto se suma que el PAMI iba a girar un 15% de aumento prometido en la firma de paritarias que finalmente confirmó que no dará. Autoridades representantes del sector advierten que no pueden cumplir en estas condiciones con los aumentos pactados en paritarias y piden suspenderlas hasta que la situación se normalice.
El conflicto es en todo el país. El 1 de noviembre, clínicas de Santa Fe enviaron una carta documento reclamando «el reembolso y/o devolución de las sumas que le fueran debitadas por un importe total que supera los diez millones de pesos, cuyo proceder acaeciera de modo inconsulto, intempestivo, arbitrario y sin fundamento alguno, generando ingentes perjuicios que inhiben prestar sus servicios de salud en tiempo y forma razonable, ya que tal conducta ha roto, no sólo la intangibilidad de la remuneración del prestador, sino además la confianza legítima que aquellas confirieran a PAMI». Lo mismo ocurrió en Córdoba y otras provincias.
Asimismo, el Consejo de Entidades de Salud también envió la semana pasada una nota de reclamo solicitando una audiencia con Regazzoni pero aún no tuvieron respuestas. Allí además enumeran cuatro aspectos donde urgen medidas.
Otro dato que demuestra la magnitud del peso de las clínicas privadas con internación es que su gasto total en 2016 es de aproximadamente 35 mil millones de pesos, lo que representa el 12% del gasto total de salud en Argentina. Y el 70% de esta suma se destina a recursos humanos, desde salarios y cargas sociales hasta honorarios de especialistas. El resto se usa para comprar medicamentos, insumos de imágenes, de laboratorio de baja y alta complejidad, entre otros.
15 de noviembre de 2016