Enmarcadas en la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), Adecra+Cedim junto a otras 16 cámaras presentaron un escrito ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para pedir la implementación urgente de medidas fiscales.
Frente a la crítica situación por la que atraviesa el sector y luego de las reuniones mantenidas con las autoridades de Gobierno durante enero, los representantes de las entidades prestadoras -clínicas y sanatorios- declararon nuevamente que esperan una respuesta. Solicitaron formalmente la “articulación de acciones de corto alcance que alivien y salvaguarden al sector de la salud”. “Destacamos la cordial recepción que hemos recibido hasta el momento por distintas autoridades nacionales pero la urgencia nos exige definiciones concretas”, señalaron en la presentación.
Dentro de las medidas solicitadas se encuentran: la no remuneratividad de los aumentos salariales de cualquier naturaleza, que se otorguen por paritarias o decretos del Poder Ejecutivo mientras perdure la Emergencia Sanitaria; la actualización de la detracción del 100% del mínimo no imponible sobre las contribuciones patronales; la reducción del impuesto al cheque, la implementación de una moratoria especial para el sector de la salud y la firma de un acta de compromiso para el tratamiento de esos puntos.
A su vez, en el escrito se detallaron los sucesivos encuentros e instancias de negociación que los prestadores de salud privada vienen llevando adelante desde 2019.
“El 13 de septiembre del año pasado denunciamos la grave situación económica de los prestadores, lo cual devino en la firma de un acta, el 7 de octubre, que otorgaría una serie de medidas paliativas, pero sólo se cumplió con una de esas medidas y en forma incompleta”, explicaron, y citaron el “extenso proyecto de Implementación de Medidas Fiscales de Protección del Sector”, presentado en diciembre: “Lamentablemente, los problemas de fondo no fueron solucionados y se agravaron, llevándonos a una crisis severa y de características terminales”.
En relación al decreto de aumento salarial solidario aprobado en enero pasado, las cámaras opinaron que, “sin dejar de entender su importancia para la economía de nuestros trabajadores, es necesario destacar el impacto negativo que ese aumento provoca en las ya golpeadas economías de las empresas prestadoras de salud”.
“Han pasado más de 17 años de vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria y nuestra extrema situación actual es una muestra fiel de que el Estado no ha podido dar respuestas claras a las necesidades del sector”, manifestó el comunicado y cerró: “Esperamos estar frente al principio del cambio que permita sentar las bases para modificar a conciencia el sistema de salud argentino”.
La presentación se realizó ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con copia al ministro de Salud, Ginés González García, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
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Esta nota fue publicada en el portal Mirada Profesional.
