El fiscal federal Guillermo Marijuan formuló ayer la primera denuncia penal para que se investiguen “injustificados incrementos de precios de bienes básicos, en especial aquellos que tienden a la protección de la higiene y salud, como productos indispensables e insumos sanitarios” en el contexto de emergencia declarada en la Argentina a raíz de la pandemia de coronavirus. Y apunto hacia toda la cadena de valor de empresas, fabricantes, proveedoras o importadoras de esos insumos sanitarios que habría tenido maniobras especulativas o sospechosas de sobreprecios. El expediente quedó radicado en el juzgado de feria N° 12 de Comodoro Py, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral y es uno de los puntos sobre los cuales la Corte Suprema habilitó la feria judicial para tratar durante el receso extraordinario. El fiscal de turno es el propio Marijuan.
El fiscal solicitó que se investigue la cadena de comercialización de todos esos productos, desde su producción o importación hasta su llegada al consumidor final, con el objetivo de determinar en qué momento se incrementan desmedidamente los precios por arriba de todo parámetro. Y propuso tres supuestos delitos del Código Penal.
Entre los artículos cuyos precios se habrían incrementado de manera injustificada se encuentran “termómetros, barbijos, camisolines, guantes de látex, antiparras protectoras, alcohol en gel, hisopos, detergente desinfectante y limpiador” y hasta “tubos de oxígeno”. En el caso de los barbijos, se detectó un aumento de acuerdo al relevamiento de precios, que promedió el 83%, pero que en algunos casos, trepó hasta el 255%. Para el N95, el de alta eficiencia, la suba fue de 190% en 30 días.
La denuncia está basada en artículos periodísticos que dieron cuenta de los aumentos de precios. “A raíz de aquellos sucesos deberá investigarse la presunta comisión de delitos de acción pública en que habrían incurrido comerciantes, fabricantes, productores y/o importadores de dichos bienes básicos, con incidencia en la formación de precios, que en clara actitud especulativa habrían incumplido las órdenes emanadas de las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de la pandemia registrada por Covid-19”, sostuvo Marijuan en su denuncia.
“Se trata de conductas ilícitas cometidas a partir del excesivo incremento de los precios de aquellos artículos considerados esenciales para la prevención y lucha contra la propagación del virus Covid -19 y su tratamiento, como lo son aquellos productos medicamentosos, de higiene y desinfección, así como los insumos básicos y necesarios a nivel hospitalario y/o para los consumidores en particular”, remarcó. El listado completo de artículos cuyos precios se habrían disparado incluye también ventiladores, bombas de infusión, camas de internación, equipos con desfibrilador, ecógrafos, aspiradores, y tensiómetros; y medicamentos como Amoxicilina, Azitromicina, Cefalexina, Dexametasona, Loratadina, Ibuprofeno, Meprednisona, Paracetamol, Penicilina, G Benzatínica y Salbutamol.
La denuncia incluye un cuadro comparativo elaborado por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM) en el que se da cuenta de que la variación de precios de los elementos que se utilizan para evitar la propagación del virus (como alcohol en gel o barbijos) fue en promedio del 83 por ciento, mientras que los barbijos aumentaron un 255 por ciento.
“Esos aumentos de precios de insumos críticos sanitarios se habrían registrado desde que se conocieran las primeras noticias sobre la posibilidad de propagación del virus en nuestro país, frente a un claro aumento de demanda, pero sin justificativo, al menos desde lo aparente, en aumentos de costos de producción”, sostuvo el fiscal. Marijuan solicitó que se investiguen posibles violaciones a los artículos 205 (violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia), 239 (desobedecer a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones) y 300 del Código Penal (hacer subir o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercadería o género). Entre las medidas de prueba sugeridas en la denuncia están las de pedir información a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, la AFIP, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de la Nación, entre otros.
